El 10 de diciembre es, desde hace 75 años, una fecha emblemática para la humanidad. Ese día, en 1948, la recién nacida Asamblea General de las Naciones Unidas, dio un paso monumental, al presentar la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), un documento que pretendía —con admirable optimismo— sentar las bases de un mundo donde la dignidad humana fuese inviolable. Dos años después, en 1950, la Asamblea invitó a todos los Estados y organizaciones a observar esta fecha como el «Día de los Derechos Humanos», un recordatorio anual de los principios éticos que deberían guiar a la civilización.
Y hoy estamos aquí, en 2025, celebrando la vigencia de un texto que cumple 77 años, y una conmemoración que cumple 75. Sin embargo, como todo documento nacido de consensos diplomáticos internacionales, conviene preguntarnos si sus principios siguen siendo universales, si su redacción resiste el paso del tiempo… y, sobre todo, si no terminó abriendo la puerta a ciertas arbitrariedades que en 1948 nadie previó.
Particularmente llamativo —y problemático— es el célebre Artículo 18, que establece: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión».
La intención original pudo haber sido noble: impedir que los Estados impusieran credos oficiales o persiguieran a minorías. Sin embargo, por una mezcla de ambigüedad conceptual y de ingenuidad diplomática, el artículo dejó una puerta abierta lo suficientemente grande, como para que por ella pasaran… bueno, prácticamente todos los excesos modernos del poder religioso.
¿Qué significa realmente «libertad de religión»?
Es fácil aplaudir la frase —suena luminosa—, pero examinémosla sin el aura de sacralidad que suelen darle sus defensores:
¿Incluye la «libertad» para adoctrinar a un niño que no tiene uso de razón y que no puede consentir?
¿Incluye la «libertad» para desplegar campañas masivas de evangelización, utilizando técnicas de mercadeo emocional y psicológico en comunidades supuestamente laicas?
¿Incluye la «libertad» para que grupos religiosos, en alianza con políticos oportunistas, infiltren sus dogmas en la legislación, en la educación pública y en las políticas de salud?
¿Incluye la «libertad» para acumular riquezas descomunales a costa de promesas metafísicas de premios post mortem?
¿Incluye la «libertad» para practicar «terapias de sanación» sin base científica, poniendo en riesgo la salud de quienes, desesperados, confían en el milagro que nunca llega?
Y por supuesto, ¿incluye la «libertad» para gozar de exenciones fiscales, incluso de subsidios estatales, bajo la premisa de que el negocio de salvar almas no es un negocio?
Si todo esto cabe dentro de la categoría «libertad de religión», entonces tal vez sea hora de admitir que el artículo 18 no era el prodigio de claridad moral que muchos imaginaban.
Porque, sin duda, un derecho mal definido, abre espacio a privilegios indebidos. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos se elaboró en un contexto histórico donde el principal temor era la imposición estatal, no la invasión religiosa en la esfera pública. El mundo acababa de salir de conflictos ideológicos brutales, y pensar que un grupo religioso pudiera dominar legislaciones enteras, o manipular emocionalmente a millones usando estrategias de mercadeo, simplemente no estaba en el radar de los diplomáticos de 1948.
Sin embargo, en 2025 vivimos otra realidad:
Las iglesias funcionan como corporaciones multinacionales.
Los telepredicadores se comportan como gurús de marketing con una biblia.
Las «megaiglesias» actúan como centros de entretenimiento cuya rentabilidad envidiarían muchas empresas.
Y las organizaciones religiosas presionan sin recato para moldear leyes civiles según sus creencias particulares.
Todo ello, paradójicamente, protegido por una declaración que pretendía defender la libertad, no la manipulación humana.
¿Acaso no era suficiente garantizar la libertad de pensamiento y de conciencia? Aquí está el punto neurálgico: ¿Para qué agregar «libertad de religión» si ya se garantizaba la libertad de pensamiento y de conciencia, que de por sí abarca la libertad de creer o no creer?
Al añadir una categoría explícita para la religión —y sólo para ella—, se creó (esperemos que involuntariamente) una casta de derechos privilegiados, que con el tiempo ha permitido:
Inmunidad legal.
Inmunidad fiscal.
Inmunidad moral.
E influencia política desproporcionada.
Todo, gracias a una palabra que, redactada sin límites ni definiciones, terminó convirtiéndose en un escudo para proteger prácticas que —según entendemos—el espíritu de la Declaración nunca pretendió legitimar.
Hagamos pues, una reflexión final sobre esta fecha y lo que conmemora: A 77 años de su proclamación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos sigue siendo un hito invaluable, pero, como cualquier obra humana, necesita ser revisada con ojos críticos, no con devoción reverencial.
El artículo 18, en particular, requiere una reflexión madura: ¿Defiende la libertad humana… o protege estructuras que manipulan esa libertad?
Nosotros pensamos que ya es tiempo de replantear la ambigua «libertad de religión», y volver al principio más sólido, más racional y más universal: «la libertad de pensamiento y de conciencia», sin apellidos, sin privilegios, y sin excepciones disfrazadas de espiritualidad.
[Godless Freeman]
Comentarios
Comments powered by Disqus