La política migratoria y la geopolítica han vuelto a chocar con la fe: desde 2025 se documentan vuelos y operaciones de deportación de ciudadanos iraníes desde Estados Unidos, que incluyen a personas que, habiendo nacido musulmanas, se convirtieron al cristianismo en el extranjero o antes de migrar. Y las consecuencias no son meramente administrativas: para muchos, volver a Irán significa exponerse a detenciones, juicios por «seguridad», torturas y penas de prisión —o incluso, en casos extremos, la jurisprudencia y la doctrina religiosa pueden apuntar a la pena capital por «apostasía».
Resulta que, como resultado de las políticas antiinmigrantes, segregacionistas y xenofóbicas de Donald Trump, en 2025 se han producido deportaciones masivas o grupales de iraníes desde territorio estadounidense (vuelos con escala en terceros países, acuerdos improvisados entre administraciones, etc.). Y entre algunas de las personas deportadas, aparecen solicitantes de asilo ex musulmanes conversos al cristianismo, que alegaron persecución religiosa o política como base para su petición de protección. Asimismo, varias fuentes de prensa y organizaciones de derechos humanos han documentado que, una vez retornadas a su país, estas personas han sido interrogadas por las autoridades iraníes sobre sus actividades religiosas o políticas en el exilio, sometiéndolas en algunos casos a detención y malos tratos.
Paralelamente, organizaciones especializadas han detectado un salto dramático en la persecución interna contra los cristianos convertidos en Irán: según el Center for Human Rights in Iran, las condenas y detenciones por practicar o promover el cristianismo se multiplicaron en 2024 respecto a 2023, con cientos de procesamientos y decenas de largas penas de prisión. Una realidad que convierte la deportación en un acto que, lejos de ser neutro, puede significar la exposición a graves infracciones de derechos humanos.
Como sabemos, Irán es —formalmente— una República Islámica, cuya ley y práctica política están fuertemente entrelazadas con una interpretación de la sharía (la ley islámica). Y en este marco, la conversión desde el islam hacia otra fe no es simplemente una elección personal: en la práctica administrativa y judicial muchas veces es interpretada como «apostasía», conducta que el aparato represivo asocia con traición, «colaboración con potencias extranjeras» o «proselitismo». O, dicho de otro modo: la religión funciona como un criterio político de lealtad. Y el resultado es que la libertad religiosa queda subordinada a la estabilidad del régimen.
La otra cara de la moneda es la política exterior y migratoria de los Estados Unidos: bajo una administración más dura en materia migratoria, la deportación se ha convertido en una prioridad política, sin importar que haya riesgos plausibles para los retornados. Y los acuerdos logísticos con terceros países (vuelos con escalas, entregas coordinadas) facilitan la ejecución de expulsiones masivas, aun cuando organizaciones de derechos humanos advierten sobre el riesgo de «refoulement» —término francés que significa devolución o expulsión forzada de un refugiado o solicitante de asilo, a un país donde su vida o libertad corren peligro.
Dentro de los riesgos que estos deportados corren a su regreso a Irán, están:
Detención y juicios por cargos vagos: «actos contra la seguridad nacional», «proselitismo», «propaganda contra el sistema». Etiquetas que sirven para procesar y encarcelar.
Malos tratos y tortura en interrogatorios: documentados por las ONG y reportes internacionales.
Vigilancia y represalias familiares: la exposición de redes sociales, mensajes y contactos, puede implicar que familiares y conocidos en Irán sean investigados u hostigados.
4.Riesgo jurídico extremo: aunque las ejecuciones por apostasía no parezcan generalizadas en los últimos años, la legislación y ciertos fallos permiten que la pena capital sea invocada en teoría —y la existencia de esa posibilidad agrava el peligro real para personas ya identificadas por las autoridades.
Es importante subrayar, sin embargo, que en estos casos no se trata sólo de «creencias personales» que chocan casualmente con políticas de migración: estamos ante un mecanismo político-religioso, donde la ortodoxia confesional se usa para marcar la «legitimidad» del ciudadano. Cuando el Estado castiga la conversión, en realidad no está protegiendo la espiritualidad: está preservando una hegemonía ideológica. Nosotros como pensadores críticos, lo que observamos aquí es que los códigos religiosos se convierten en herramientas de castigo político que atropellan derechos individuales básicos.
Es obvio que en una situación de esta naturaleza los organismos internacionales deberían actuar, y de inmediato. Las normas del derecho internacional prohíben el refoulement: no se puede deportar a una persona a un lugar donde su vida o libertad corran peligro por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a cierto grupo social u opiniones políticas. Por tanto, ante la evidencia acumulada —informes de las ONG, patrones de detención y vuelos recientes— los organismos multilaterales y las ONG deberían:
Emitir medidas cautelares y pronunciamientos públicos contra expulsiones individuales que impliquen riesgo comprobado por conversión religiosa o persecución política. Esto presiona a los Estados a no ejecutar deportaciones peligrosas.
Coordinar reasentamientos en terceros países para quienes corren peligro, y cuyos asilos han sido denegados por fallas de procedimiento o por politización migratoria. Los mecanismos humanitarios existen —han sido usados en el pasado— y deben movilizarse cuando la seguridad está en juego.
Abrir investigaciones sobre prácticas de detención y entrega (por ejemplo, revisar si hubo garantías efectivas y legales antes de la deportación, o si los retornados fueron entregados en manos de fuerzas que practican abusos).
Presionar diplomáticamente e imponer sanciones dirigidas a individuos y unidades responsables de persecución religiosa, para crear costos políticos por el maltrato sistemático.
Exigir transparencia sobre los criterios usados por países como Estados Unidos, en expulsiones masivas que afecten a poblaciones vulnerables.
Por otra parte, a las personas en riesgo y sus familiares debería recomendarse (lo cual no sustituye asesoría jurídica especializada):
Documentar todo: pruebas de conversión (testimonios de líderes religiosos o comunidades), registros de persecución previa (detenciones, torturas, amenazas), comunicaciones recibidas desde Irán que demuestren riesgo.
Buscar asesoría legal de inmigración inmediata: abogados y organizaciones (IRAP, HIAS, ACLU, Human Rights First y otras) que conocen los mecanismos para detener ejecuciones de deportación o presentar recursos de emergencia.
No aceptar la repatriación voluntaria sin asesoría: hay casos documentados en que personas fueron devueltas sin que comprendieran las consecuencias que eso les traía.
Contactar a organizaciones de derechos humanos y prensa internacional si existe inminente riesgo de deportación —la visibilidad puede frenar temporales acciones estatales.
Preparar una red de seguridad para los familiares: en Irán la familia puede quedar expuesta; quienes estén fuera deben considerar rutas de ayuda y apoyo internacional para allegados en riesgo.
En fin, si estas cosas ocurren a una persona que cambia de religión del islam al cristianismo, ya podemos imaginar la situación para aquellos que terminan declarándose públicamente ateos. El destino de una persona no debería depender de si cambia de creencia religiosa o simplemente deja de creer en toda religión. Que esto ocurra en la vida real es una anomalía moral y política. Eso no es «un choque cultural»: es la instrumentalización de la fe para castigar la disidencia, y la complicidad pasiva o activa de otros Estados (que deportan conociendo el riesgo) es inexcusable. Los organismos internacionales, las oficinas de asilo y las democracias que presumen de derechos humanos, tienen la obligación legal y ética de impedir que se materialice el castigo religioso en forma de prisión, tortura o pena capital.
Y esto urge. Si la comunidad internacional no actúa con rapidez —suspendiendo deportaciones individuales, reasentando a personas en peligro y sancionando a quienes persiguen por motivos religiosos—, los organismos multilaterales y las ONG están siendo cómplices de un sistema que confunde utiliza la religión para cometer injusticias. Y que nadie nos venda la excusa de que se actúa así por motivos de «seguridad», cuando lo que está en juego son vidas y libertades.
[Godless Freeman]
[Crédito de imagen: Actualidad]
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